El veto a la Ley de Reactivación Económica impide que las operaciones crediticias o de inversión que realice la institución sean reembolsadas por los deudores con acciones.

Con este pago ya suman $ 45 millones entregados por la compañía desde la firma del contrato, en diciembre de 2016.

Dirigentes de gremios productivos aseguran que la norma no contiene los elementos fundamentales para impulsar el crecimiento. La Asamblea analiza la objeción.

El Pleno también hizo un llamado a los tribunales de justicia para que dicten las sentencias en las causas en las que intervenga el SRI.

Las proyecciones para 2018 se dan en un contexto internacional más favorable que el de los últimos años, destacó el organismo técnico de las Naciones Unidas.