Justicia avanza con lentitud en el Caso Triple A
El Caso Triple A avanza a la velocidad de un caracol. En enero de 2026 recién está previsto que se celebre el juicio por un presunto esquema de contrabando de combustible, en el que estaría involucrado Aquiles A., alcalde de Guayaquil, y otras 21 personas -15 naturales y seis jurídicas-.
A dos meses de que un juez decidiera llamar a juicio a Aquiles A., el proceso parecería dilatarse. La audiencia de juzgamiento fue confirmada para el 26 de enero de 2026 y se extenderá hasta febrero, en el Complejo Judicial Norte de Quito, a casi dos años de que la Fiscalía empezara las investigaciones.
El caso arrancó en julio de 2024, cuando se ejecutaron una serie de allanamientos en Guayaquil y Milagro por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, tras detectarse una serie de supuestas irregularidades en empresas privadas dedicadas a la distribución de combustible.
Las audiencias del caso se dilataron por excusas presentadas por la defensa de los presuntos involucrados y no fue hasta el 9 de abril de 2025, después de ser diferida seis veces, que la sesión para la formulación de cargos pudo ser instalada.
Al siguiente día la Fiscalía General del Estado formuló cargos por supuesto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos contra Aquiles A. y otras 10 personas. En esa fecha se dictaron medidas cautelares: prohibición de salir del país, presentaciones periódicas, y vigilancia electrónica para algunos de los sospechosos.
El 13 de junio de 2025 se instaló la audiencia preparatoria de juicio y tras la presentación del dictamen acusatorio de la Fiscalía, un juez anticorrupción decidió nueve días más tarde llamar a 16 personas naturales y seis empresas.
Esto incluyó medidas cautelares para Aquiles A., quien fue obligado a usar un grillete electrónico, por disposición judicial.
La falta de celeridad en el caso quedó plasmado en el llamado a la audiencia de juzgamiento, que se realizará seis meses más tarde.
La acusación de Triple A
En el juicio que se efectuará en enero de 2026, la Fiscalía probará el cometimiento del delito, con acusaciones particulares de empresas públicas reguladoras de la distribución de combustibles como la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador).
Según la Fiscalía, los procesados integraban un esquema de presuntas irregularidades en la distribución, comercialización y despacho de combustible subsidiado, que habría generado pérdidas al Estado ecuatoriano USD 61 millones.
El expediente del caso señala que los acusados habrían creado un esquema para desviar el uso de gasolina y diésel subsidiado hacia otras actividades, que no son permitidas por la ley.
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#Política I Gustavo Petro le concedió la ciudadanía colombiana a Jorge Glas, pese a que nunca residió en ese país y arrastra tres condenas por corrupción. #LéaloEnET https://t.co/5qPNipsbzf pic.twitter.com/6Ft6x2Z1l6
— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) September 16, 2025