La Presidencia de la República exhortó al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay a emitir informes técnicos y resoluciones administrativas sobre los posibles impactos al agua del proyecto minero Loma Larga (Quimsacocha), operado por Dundee Precious Metals. El Ejecutivo anticipó que actuará “dentro del marco normativo” y que los gobiernos locales deberán sustentar y asumir la responsabilidad de sus decisiones.

El llamado se produce en medio de una disputa técnica, social y legal que rodea a Loma Larga: el proyecto recibió licencia ambiental de explotación el 23 de junio de 2025 y, semanas después, el 6 de agosto, el Gobierno suspendió temporalmente el arranque para difundir el plan de manejo ambiental y socializarlo con la población.

Desde la cartera energética, la ministra Inés Manzano ha defendido que el proyecto acreditó requisitos técnicos y legales y que la suspensión busca abrir la información ambiental antes de cualquier inicio de actividades. También ha sostenido que la estrategia oficial apunta a combatir la minería ilegal con minería formal bajo estricta vigilancia.

Con el pedido de la Presidencia, Municipio y Prefectura deberán emitir informes y resoluciones motivadas sobre los riesgos hídricos de Loma Larga. Con esa base, el Gobierno anunció que actuará en consecuencia dentro del marco legal. En paralelo, el proceso seguirá condicionado por el cumplimiento de sentencias, la validez de permisos y la aceptación social informada.

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— Presidencia Ecuador ?? (@Presidencia_Ec) September 12, 2025

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) September 11, 2025