La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) tiene 143 artículos. Este texto legal plantea también 11 categorías para los docentes, desde la J hasta la AA con diferentes sueldos. Las reformas planteadas a esta normativa buscan mejorar la calidad de la educación y el bachillerato para lograr una conexión con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Esto con miras a lograr una formación completa en la educación de los estudiantes ecuatorianos a futuro. Los votos favorables para aprobar el paquete de reformas a esta ley fueron de los asambleístas Raúl Abad, presidente; Ximena Ponce León, vicepresidenta; Ludis Landázuri; Teresa Benavides; Gastón Gagliardo; Miryam González; Hermán Moya y Noralma Zambrano. Además de las 4 reformas citadas en el texto principal, el proyecto establece que la jornada ordinaria semanal de trabajo sea de 40 horas reloj. El documento detalla que para ingresar a la carrera educativa pública se deberá contar con título de educación superior y adicionalmente, los profesionales con título de nivel técnico o tecnológico superior que no correspondan a los de Ciencias de la Educación, deberán aprobar programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente de acuerdo con el reglamento respectivo. Un informe presentado a inicios de este año por la expresidenta de la Comisión de Educación, Ximena Ponce, coincide en que la propuesta brindará mayores posibilidades de superación y formación en el sistema educativo público. Según dijo se eliminarán las barreras en el acceso a la carrera docente al hacerla más atractiva. También se garantizará la provisión del servicio educativo y el acceso equitativo al derecho a la educación de toda la población ecuatoriana. El documento suscrito por Ponce propuso la creación de la figura de docentes consejeros estudiantiles, y la vinculación del incremento de valores en matrículas de instituciones educativas particulares para mejorar la calidad de la enseñanza. También se refiere a la regulación y clarificación del procedimiento de traslado administrativo; y clarificación de los procesos de recategorizaciones. Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (foto), comentó que el análisis de este documento se preparó con los insumos de varios asambleístas, gremios y actores involucrados, por lo que se lo depuró y debatió ampliamente. (I)
