Un tribunal penal cairota condenó ayer al primer ministro egipcio, Hisham Qandil, a un año de cárcel y lo suspendió de su trabajo por desacato.

Qandil ha sido procesado por incumplir una orden de un tribunal administrativo, que lo obligaba a devolver una propiedad estatal privatizada por su Ejecutivo al Estado.

El Tribunal Penal de Doki, cuyo fallo es apelable, obliga también al premier a pagar una fianza de 2.000 libras egipcias (285 dólares).

Una orden emitida con anterioridad solicitaba a Qandil que devolviera la propiedad de la fábrica de lino de Tanta, al norte de El Cairo, al Estado después de haberla privatizado.