Ecuador rechaza pronunciamiento del Departamento de Estado estadounidense sobre la Ley de Comunicación
El Gobierno de Ecuador rechazó "las infundadas preocupaciones del Departamento de Estado estadounidense, las cuales no se ajustan a la realidad que impera en el país en el ámbito de la libertad de expresión, que es parte esencial de la democracia, como está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos", indica en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ello, ante una declaración de prensa del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional.
En este mismo sentido rechaza también las aseveraciones del embajador estadounidense en Quito, Adam Namm, pronunciadas en una conferencia dictada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
"Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, la atención de todos y cada uno de los derechos humanos es una cuestión de principios. Así lo demuestran los principales indicadores, que dan fe del éxito ecuatoriano para promover estos derechos a lo largo de los últimos cinco años, mediante la transformación del viejo modelo económico que daba prioridad al capital y al mercado, en detrimento de los seres humanos", puntualiza el comunicado.
Recalca que la una vez que entre en vigencia, la Ley de Comunicación reemplazaría a la que fue adoptada desde la época de la dictadura militar y busca garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente y recibir información veraz y oportuna por parte de los medios de comunicación.
Destaca también que la ley busca impulsar la producción nacional para generar contenidos propios, evitar la concentración de medios de comunicación en pocas manos y garantiza la diversificación y pluralización de las voces, a través de la redistribución de frecuencias de radio y televisión.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ratifica que esta Ley representa una contribución para la democracia y para fortalecer el acceso a la información veraz y oportuna", apunta.
Finalmente, la Cancillería hizo extensivo al Gobierno de los Estados Unidos la invitación para estudiar el texto completo de la ley "antes de emitir juicios de valor sobre el mismo, que además vulneran un principio de Derecho Internacional que tradicionalmente ha guiado el convivir pacífico de los países, como es el de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados".