Se observan algunos eventos políticos que proponen un debate relacionado con instaurar un federalismo del país. Un primero es la consulta popular que Jaime Nebot propone y en la que constan dos preguntas concernientes a este tema. Una de ellas plantea la transferencia obligatoria y automática de recursos a los GAD por parte del Banco Central sin control del Gobierno y otra pregunta que permitiría a los GAD, universidades, IESS – entre otras instituciones – retener el IVA que generan sus compras de bienes y servicios sin transferirlos al SRI.
Otro evento se da a través de las declaraciones del propio Nebot en el reconocimiento a su gestión, a propósito de la conmemoración del bicentenario de Guayaquil. En ellas promueve el federalismo y cuestiona el centralismo gubernamental existente. Otro evento es la consulta ciudadana a realizarse en Cuenca sobre la prohibición de la minería en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay, realzada en el bicentenario de esta ciudad.
Más allá de la legitimidad de las consultas y su pertinencia constitucional, la orientación que dan estos eventos configura un entorno muy peligroso y preocupante. Las brechas socioeconómicas se vienen ampliando - más aún con la pandemia - profundizando la pobreza y desigualdad, brechas que por supuesto tienen su correlato territorial e institucional.
¿Qué monto podrían recaudar cerca de 190 ciudades con menos de 100.000 habitantes por concepto de IVA, sin tomar en cuenta que su economía es informal y alcanza al 70% e incluso al 80% de su población? En la estructura empresarial ecuatoriana, las “Empresas Grandes” que representan el 0,5% del total de las empresas en el país, son responsables del 70% de las ventas totales, generan el 38% del personal ocupado afiliado y representan el pago del 54% de las remuneraciones totales.
Es importante saber que esta gigantesca concentración de empleo formal, salarios y riqueza generada por estas pocas empresas, más del 70% están localizadas en Quito, Guayaquil y Cuenca; el restante 30% se distribuyen en una docena de capitales de provincia. Estas 3 ciudades generan el 70% del PIB en 7 de 14 sectores y en otros 4 sectores el 50%. Una investigación de la UIDE revela que la recaudación anual impositiva per cápita en estas 3 ciudades es alrededor de $1.980 y en las ciudades más pobres es de $43. ¿Así se quiere repartir los recursos? ¿Qué dejamos para las demás ciudades con estas estructuras empresariales, económicas y sociales?
Solo una eterna condena a vivir en la informalidad, la pobreza y el atraso. Hay que repensar sin duda el modelo de Estado en el país pero no a través de un federalismo que terminaría por destruirlo.