Género y políticas públicas
Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad”, refiere la filósofa estadounidense Judith Butler.
Abordar asuntos relacionados con el género es, sin duda, entrar en ese largo y difícil camino emprendido por las mujeres y otros sectores de la sociedad en las diferentes etapas históricas, algunas no muy lejanas.
Lo cierto es que cuando se habla de género es preciso referirse a una concepción que va más allá de lo biológico. Se trata de cómo desde la realidad de cada ser humano se construye social y culturalmente lo femenino o lo masculino, en un contexto en que la convivencia social, la educación, las costumbres y el entorno, en general, influyen en la formación de las personas.
La historia de la humanidad nos enseña que los privilegiados han sido muy pocos. Desde un principio, no se trataba solamente del color de la piel, la identidad étnica, la posición social y económica y las diferencias físicas, sino, incluso dentro de estos aspectos, de ser varón o mujer. Así las luchas feministas en el mundo no han sido de mujeres contra hombres, sino demandas permanentes contra la discriminación y el poder constituido que acentúa patrones de machismo, violencia, misoginia y androcentrismo.
Haber logrado que se reconozca el derecho al trabajo, a la educación, a elegir y ser elegidas, a acceder al crédito y a nuestros derechos sexuales y reproductivos es sin duda un avance de la humanidad, dado que la mayoría de estos cambios se dan en el contexto internacional de los derechos humanos, pero precedidos por grandes episodios o enmarcados en circunstancias históricas que toman tintes mitológicos, casi.
El nacimiento del 8 de marzo, fecha que conmemoramos como Día Internacional de la Mujer, ha estado siempre ligado a un incendio que se habría producido en Nueva York el 8 de marzo de 1908, con 129 trabajadoras fallecidas, cuya demanda principal habría sido cambiar las condiciones infrahumanas de trabajo. Hay quienes no consideran correcta esta fecha, pues aducen que el incendio en cuestión se dio en 1911, en una fábrica de otro nombre, y luego de que la huelga se había acabado. El origen del siniestro, sí, se dio por una negligencia y la muerte de 149 mujeres se produjo por las pésimas condiciones de seguridad del edificio donde laboraban. El 8 de marzo, como fecha conmemorativa, habría sido propuesto por Clara Zetkin, política comunista.
Así mismo, el 25 de noviembre de todos los años también es declarado Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer luego del asesinato de la hermanas Mirabal durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. El 28 de septiembre es el día por la Despenalización del Aborto, reconociendo tal hecho como una realidad de las mujeres, que se relaciona directamente con su salud sexual y reproductiva. Son todas fechas significativas, más allá de hechos aislados, fechas para repensar los objetivos conseguidos y los que aún están a la espera.
Emma Watson, vocera de la campaña ‘He for She’ impulsada por Naciones Unidas, señaló: “…el feminismo es una palabra poco popular. Las mujeres eligen no ser identificadas como feministas”. Sin embargo, es por esa lucha permanente que las mujeres hoy en día pueden exigir las garantías necesarias para el ejercicio de sus libertades. No se trata de concesión del poder, sino de que los Estados, más allá de una mera declaración, asuman e instituyan mediante mecanismos de igualdad los compromisos internacionales a los que lo llevó este movimiento feminista.
Desde este punto de vista, ser feminista deja de ser una ‘mala palabra’ o una ‘ideología peligrosa’ y se convierte en una tesis profundamente revolucionaria —sobre todo humana—, que trastoca incluso las estructuras patriarcales y de corte conservador que están presentes en toda sociedad, las cuales limitan el ejercicio de los derechos, sabiendo que principalmente los derechos sexuales y reproductivos son tan humanos y vitales para una vida libre y sana.
El feminismo entonces plantea la convivencia de varones y mujeres en igualdad de condiciones en la cotidianidad, y no una separación. De ahí que la igualdad es un tema de todos.
Desde esta perspectiva y bajo la claridad que establece el contexto histórico, es claro referir que el Estado ecuatoriano es suscriptor de los diferentes documentos internacionales que garantizan las libertades, así tienen plena vigencia instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) —que se constituye en un programa de acción y su protocolo facultativo—; la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —conocida también como “Convención de Belém do Pará—, y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo), que se refiere principalmente a derechos sexuales y reproductivos, entre otras.
Nuestra Constitución establece en el art. 1 que, “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”, por ende, la construcción de las políticas de igualdad y principalmente de derechos sexuales y reproductivos debe hacerse desde este marco que no es más que el absoluto respeto a las creencias de cada individuo. Esto también implica reconocer que en el Ecuador conviven seres de distinto credo religioso, agnósticos y ateos, que es un país pluricultural y multiétnico.
Por tanto, la herramienta que el Estado se obliga a construir para la igualdad son aquellos planes, programas y proyectos cuyo objetivo sea principalmente el permitir las mismas oportunidades para varones, mujeres y persona de distinta condición sexo-genérica, en su formación, acceso a la educación, la salud, al crédito, a los emprendimientos productivos y al trabajo digno.
Para ello la propia Constitución —en este ejercicio de reflejar un gran pacto social—, en art. 156 crea los Consejos Nacionales de Igualdad como “órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”, con atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Estas, entre otras disposiciones constitucionales, validan la creación, ejecución y eficacia de las políticas públicas que harán que “la igualad sea una realidad vivida” como lo refirió Michelle Bachelet.
Históricamente, y pese al reconocimiento de los instrumentos internacionales, las ecuatorianas están en la calle exigiendo pero también incidiendo de alguna forma en el poder, desde el impulso de la ley de cuotas hasta las disposiciones constitucionales de igualdad y paridad, por ello es necesario más que un número. La paridad política para la elaboración y defensa de una verdadera agenda nacional de género debe ser impulsada desde los territorios propios y respetada en los distintos espacios del ejecutivo y legislativo.
Desde esta perspectiva no es suficiente una Asamblea Nacional encabezada por mujeres, pues es necesario que ellas cumplan la agenda de mujeres. Es necesario participar de los espacios de decisión, pero es indispensable ‘decidir’ y aún más sobre aquello que va a cambiar las relaciones sociales y de poder vigentes.
No ha bastado hasta la fecha tipificar el feminicidio —era necesario dar ese paso—, dado que se trata de la peor forma de violencia que afecta a mujeres y cuerpos feminizados, dejando así de ser tratados y justificados por la propia sociedad como crímenes pasionales, reconociendo que se trata de una conducta negativa que merece una sanción.
Más allá del reconocimiento del feminicidio, es vital contar con operadores de justicia sensibilizados, hace falta la unificación de un registro que permita establecer el número de casos de feminicidio y violencia de género que se tramitan en el sistema de justicia, el seguimiento a los mismos y la atención integral a las víctimas, que debe guiarse por los protocolos internacionales de atención médica, psicológica y suministro de fármacos.
La Encuesta Nacional de Violencia de Género realizada en 2011 reflejó que 6 de cada 10 mujeres en el territorio nacional sufren cualquier tipo de violencia: física, psicológica, sexual y patrimonial. A marzo de 2015 la cifra resulta ser obsoleta.
Se requiere del compromiso del Estado, para mantener cifras permanentes, a través del INEC u Observatorios Ciudadanos, que visibilicen la efectividad de las políticas públicas aplicadas. Aquello permite conocer si se ha reducido el índice de violencia de género o por el contrario se ha incrementado. Evaluar las políticas públicas es fundamental para la adopción de decisiones políticas. No olvidemos que la desigualdad y aún más la violencia impide el desarrollo integral de un ser humano.
Así mismo, es preciso dejar de criminalizar a las mujeres que deciden abortar, pues esta es una realidad sobre la cual el Estado debe entrar en un debate nacional sin sesgos, con seriedad y adoptar una solución.
Sin duda, pese a los avances se evidencian retrocesos. La Estrategia Nacional de Planificación Familiar nace como iniciativa para atender temas como el embarazo adolescente, pues el Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor número de madres entre 15 y 19 años. Esta estrategia fue concebida desde la salud sexual y reproductiva y, precisamente, desde el ejercicio del derecho constitucional a decidir de forma libre y gracias a la información pertinente, derecho que se hace efectivo a través de las políticas públicas y permite un cambio de la concepción tradicional y conservadora, respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano al aprobar una nueva constituyente.
Es preciso aclarar que no se puede hablar del Enipla como un programa de contenido ‘hedonista’. Lo que contempló la estrategia en la primera etapa tiene que ver con la soberanía del cuerpo y las decisiones sobre la sexualidad y así, las valoraciones que ha referido quien se encargará del Plan Familia no tienen nada que ver con un estado democrático, en el que las políticas no cruzan por la voluntad o creencia de los funcionarios sino por el anclaje a las disposiciones constitucionales, tratados internaciones y sobre todo en adoptar medidas que enfrenten la realidad de forma que rompa el velo social.
La construcción de políticas públicas de género es una cuestión de mediano y largo plazo. Estas políticas deben ser integrales y sobre todo se debe ser responsable al gestionarlas, ya que se trata de la vida de los seres humanos y de la calidad de sociedad que construimos.
Jéssica Jaramillo Yaguachi
Nacida en Lago Agrio, en 1984, se graduó de Leyes en la Universidad Central. Máster en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, y Máster en Estudios Políticos Aplicados por el Instituto de Investigaciones Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.