Dice que es una “herencia” del anterior régimen, que acarreó problemas de prostitución, drogas y violencia.

La fuerza pública terminó el desalojo de las personas que explotaban ilegalmente oro en la parroquia La Merced, entre ellos extranjeros provenientes de 5 países.

800 mineros abandonaron voluntariamente la zona, pero aún faltan más de 11.000 personas. El operativo de seguridad se cumplió sin enfrentamiento ni contratiempos. Hay restricción en el ingreso a la parroquia imbabureña.